La mayoría sindical vasca –ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru– ha convocado huelga en el sector público vasco el 25 de mayo para responder a los recortes sociales del Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que serán asumidos por las administraciones autonómicas.
El 25 de mayo estaba prevista una huelga en el sector de la enseñanza pública no universitaria, pero se ha reconfigurado para ampliarla ante "la grave agresión adoptada por el Gobierno español en contra de los intereses de la clase trabajadora y a favor de las decisiones de los poderes económicos".
Alrededor de 170.000 empleados del sector público de Hego Euskal Herria están llamados a responder "a una estrategia que pretende desmantelar los servicios públicos, el empleo público y que va a atacar a la sociedad en su conjunto como hemos visto en el paquete de medidas del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero", tal como explicó Izaskun Garikano, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de ELA.
A la salida de la presentación de la convocatoria ante el Gobierno de Lakua, Garikano hizo un llamamiento a la sociedad porque "la clase trabajadora vasca necesita de unos buenos servicios públicos y que sean lo más amplios y potentes posible".
Dijo que "tenemos muy claro que viene a recortar esos servicios públicos, a recortar empleo público y a desmantelar el sector público". A su juicio, las mejores medidas para salir de la crisis son "impulsar y fortalecer lo público", y recordó que el ataque comienza en el sector público, pero "afectará al conjunto de la sociedad vasca".
Arantxa Sarasola, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de LAB, denunció "los recortes que se están produciendo en el ámbito de los servicios públicos y sociales", pero dijo que "no nos queremos quedar sólo en la denuncia, sino que existe una alternativa que se recoge en el decálogo de la mayoría sindical, que se presentó en setiembre del año pasado, y que recoge la apuesta por desarrollar los servicios públicos, porque hay dinero y hay riqueza para hacerlo. Lo que ocurre -prosiguió- es que está en manos de unos pocos, pero si hubiera voluntad política se podrían adoptar las actuaciones que necesita la sociedad de Hego Euskal Herria".
Ana Pérez, de STEE-EILAS, recordó que la fecha elegida en principio se dirigió a una huelga en la enseñanza pública no universitaria por una pérdida de derechos que se está impulsando desde el Departamento de Educación, pero se ha extendido la convocatoria ante "la agresión global al sector público que ha marcado Rodríguez Zapatero".
La mayoría sindical reclama a las administraciones públicas, desde los ejecutivos de Lakua e Iruñea a las diputaciones y los ayuntamientos, que "se desvinculen y hagan frente a las medidas de recorte impuestas por el Gobierno español". Entienden que "es hora de atender las demandas expresadas por la mayoría sindical vasca y los trabajadores de Euskal Herria para que las decisiones sobre el modelo económico y social que queremos construir se tomen aquí".
El Gobierno de Lakua consideró "prematura", "desproporcionada" y "equivocada" la convocatoria, "ya que todavía se desconoce qué impacto concreto va a tener la aplicación de dichas medidas en la función pública del País Vasco".
Gara
El 25 de mayo estaba prevista una huelga en el sector de la enseñanza pública no universitaria, pero se ha reconfigurado para ampliarla ante "la grave agresión adoptada por el Gobierno español en contra de los intereses de la clase trabajadora y a favor de las decisiones de los poderes económicos".
Alrededor de 170.000 empleados del sector público de Hego Euskal Herria están llamados a responder "a una estrategia que pretende desmantelar los servicios públicos, el empleo público y que va a atacar a la sociedad en su conjunto como hemos visto en el paquete de medidas del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero", tal como explicó Izaskun Garikano, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de ELA.
A la salida de la presentación de la convocatoria ante el Gobierno de Lakua, Garikano hizo un llamamiento a la sociedad porque "la clase trabajadora vasca necesita de unos buenos servicios públicos y que sean lo más amplios y potentes posible".
Dijo que "tenemos muy claro que viene a recortar esos servicios públicos, a recortar empleo público y a desmantelar el sector público". A su juicio, las mejores medidas para salir de la crisis son "impulsar y fortalecer lo público", y recordó que el ataque comienza en el sector público, pero "afectará al conjunto de la sociedad vasca".
Arantxa Sarasola, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de LAB, denunció "los recortes que se están produciendo en el ámbito de los servicios públicos y sociales", pero dijo que "no nos queremos quedar sólo en la denuncia, sino que existe una alternativa que se recoge en el decálogo de la mayoría sindical, que se presentó en setiembre del año pasado, y que recoge la apuesta por desarrollar los servicios públicos, porque hay dinero y hay riqueza para hacerlo. Lo que ocurre -prosiguió- es que está en manos de unos pocos, pero si hubiera voluntad política se podrían adoptar las actuaciones que necesita la sociedad de Hego Euskal Herria".
Ana Pérez, de STEE-EILAS, recordó que la fecha elegida en principio se dirigió a una huelga en la enseñanza pública no universitaria por una pérdida de derechos que se está impulsando desde el Departamento de Educación, pero se ha extendido la convocatoria ante "la agresión global al sector público que ha marcado Rodríguez Zapatero".
La mayoría sindical reclama a las administraciones públicas, desde los ejecutivos de Lakua e Iruñea a las diputaciones y los ayuntamientos, que "se desvinculen y hagan frente a las medidas de recorte impuestas por el Gobierno español". Entienden que "es hora de atender las demandas expresadas por la mayoría sindical vasca y los trabajadores de Euskal Herria para que las decisiones sobre el modelo económico y social que queremos construir se tomen aquí".
El Gobierno de Lakua consideró "prematura", "desproporcionada" y "equivocada" la convocatoria, "ya que todavía se desconoce qué impacto concreto va a tener la aplicación de dichas medidas en la función pública del País Vasco".
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