Ignacio Fernández Toxo, (El Ferrol, 1952), pasará a la historia como el sindicalista tranquilo. En mitad del marasmo político y social por la aprobación de la reforma laboral, el secretario general de CCOO, no dice una palabra más alta que otra en su discurso, ni da síntomas del agotamiento que arrastra después de dos semanas de actividad maratoniana. El 29-S encara su primera convocatoria de huelga general al frente del primer sindicato de España y asegura que no dejará que sea "un paripé".
- Dice que el decreto que ha publicado el BOE es aún peor del esbozado en el borrador del Gobierno. ¿Qué ha cambiado?
- Ha empeorado significativamente en todo lo que tiene que ver la configuración del despido por causas económicas y objetivas. La manera que interpreta que las empresas puede incurrir en pérdidas y el dejar de exigir que el despido tenga como fin conservar la viabilidad de la empresa, abre absolutamente el campo del despido. Hace más atractivo que las empresas en lugar de acudir a los elementos de organización de la flexibilidad interna, y de reorganización del trabajo, opten directamente por el despido. Se exige lo mismo para cambios sustanciales en lascondiciones de trabajo que para despedir a la gente, cuando no hay proporción entre mantener y no mantener el empleo. En definitiva, se ha reforzado y consolidado la idea del uso del despido. Además, el tema de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en las Administraciones Públicas aparece en un momento en el que se ha bajado la tasa de reposición del empleo público. Fomentará la temporalidad y la precariedad a través de la entrada de las ETT, vamos, la alegría de la huerta del ministro de Trabajo.
- Que la causa del despido sea un "resultado negativo" puede tener otra lectura: que la última palabra la siguen teniendo los jueces.
- Sí, lo dejan en manos de los jueces pero abriendo las posibilidades de utilización tanto del despido por razones económicas como organizativas, productivas, tecnológicas y demás. A los jueces les piden la "mínima razonabilidad" de la medida, y que la empresa haya incurrido en resultados económicos negativos que no quieren decir pérdidas, y encima no establecen ningún periodo temporal, cuando la jurisprudencia establecía dos años de pérdidas. Además, desaparece el criterio de que afecten al resultado de explotación. Los jueces ya no tendrán dudas en la objetividad del despido.
- Había un compromiso de patronal y sindicatos de reformar la negociación colectiva para julio. ¿Le afecta el decreto?
- Le ha quitado todo el sentido a esa negociación. Habíamos planteado una modernización en las relaciones laborales. Queríamos abrir la ley para que operase la flexibilidad interna, es decir, en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero desde el acuerdo entre empresarios y trabajadores. Para esto era imprescindible que se incrementasen los niveles de participación, como que se les facilite a los trabajadores los mismos datos que a los accionistas. Pero con lo que ha hecho el Gobierno se ha roto la lógica con la que trabajábamos y desincentiva cualquier proceso de negociación.
- O sea que se ha roto ese proceso.
- Es evidente. Además sería preceptivo que las empresas dieran cumplimiento al acuerdo de negociación colectiva que recogía la subida salarial a tres años vista, que no es un acuerdo que tiene medidas que se pueden escoger a la carta, es un todo. La negociación de los convenios está paralizada. El plan de ajuste del Gobierno ha influido en el ánimo de los sectores empresariales que han bloqueado la negociación colectiva. Para sentarse a negociar con confianza las partes tienen que cumplir lo acordado. Además, el acuerdo estaba llamado a jugar un papel de estabilización laboral en las empresas para tres años cruciales y puede perder su eficacia.
- ¿Será entonces otro año perdido para la negociación colectiva?
- Puede ser, ya hemos dicho que la influencia del plan de ajuste va más allá de los efectos directos del mismo y está induciendo un cambio de actitud de las empresas. Las organizaciones empresariales, una vez pasado el primer desencuentro, deben retomar lo firmado.
- La CEOE dice que el decreto va a sindicalizar a las pymes
- Es preocupante que se tenga aversión a que se sindicalicen los trabajadores, sean de empresas pequeñas, medianas o grandes. Es tiempo de normalizar la visión de las organizaciones empresariales y de sus representantes, con el hecho sindical. Ya no vivimos en los tiempos de Franco. En cualquier caso, yo creo que, por el contrario, el Gobierno introduce problemas para los trabajadores de las pymes.
- ¿Qué elemento del decreto no estaba en las negociaciones y os ha sorprendido más para mal?
- Hay bastantes cosas que no estaban en las negociaciones o no como han aparecido. En aquella reunión tan larga que terminó en desencuentro, el Gobierno se limitó a presentar un esquema de medidas, un documento que ahora es de cuarenta páginas se resumió en la reunión en una primera versión de once folios y en en el segundo de cinco. Hay cantidad de medidas que el Gobierno ocultó si las tenía previstas a los trabajadores. Y eso que hay un precepto en el Estatuto de los trabajadores que dice que se debe negociar de buena fe.
- ¿Se han ocultado deliberadamente los cambios?
- Espero que no haya sido deliberado. Diré citando a un amigo que es "impericia maliciosa". Por cierto, todavía está por producirse la primera llamada del Gobierno a los sindicatos. No nos ha llamado el presidente del Gobierno, ni el ministro de Trabajo ni ningún portavoz cualificado. Se dijo que se abría un periodo corto de consultas a raíz de que nos entregaban el papel del viernes. No hubo ningún intento de negociar nada, mientras que se recibe en la Moncloa a los que se les da el marchamo de los cien mejores economistas del país. Gente que no ha pasado por el escrutinio de urna alguna y que parece que tiene una influencia determinante en los comportamientos del Gobierno. Sólo se puede entender así que entre el primer borrador del Gobierno y el decreto se hayan producido los cambios que se han producido. Como ampliar las ETT a las Administraciones Públicas, que el propio Gobierno había retirado de la mesa de negociación...
- ¿Estos cambios son más de Fedea que de los grupos políticos?
- Sí, responden a las presiones de ciertos lobbies.
- ¿Defendió usted la fecha del 29-S o se dejó convencer?
- La propuesta ha sido mía desde el primer momento. Junto con Cándido promovimos esta fecha para la movilización europea. Además, no era posible en junio, los tiempos se habían estrechado, no tenía lógica que nos hubiéramos levantado de la mesa de negociación sin haber agotado el acuerdo. Hacerla en junio sólo hubiera sido para cubrir el expediente. No estoy dispuesto a hacer ningún paripé en cosas tan serias como esta. Que nadie pierda de vista además que coincide con que el día 30 los Presupuestos generales entrará en debate en el parlamento.
- ¿Os han alargado los tiempos para no poder convocar una huelga antes del verano?
- Es posible que el Gobierno confiase en que arrastrando los pies, practicando el absentismo en la negociación y haciendo el arreón final en junio creyera que íbamos a desistir de poner en marcha la movilización. Si es así es un error de cálculo de bulto. Hay quien dice que esto está pactado con el Gobierno. A parte de ser una insidia, no sé si se ha caído en la cuenta que a determinados efectos, como convocatorias electorales, no es lo mismo hacerla en junio que en septiembre. Que conste que no es una huelga para condicionar el voto de la ciudadanía en ninguna circunstancia.
- ¿Se puede ser de izquierdas y hacerle una huelga a Zapatero?
- Sí, de hecho va a suceder. Yo no sé si es que el socialismo español está condenado a gestionar las crisis siempre desde una óptica conservadora.
- ¿Puede el temor a la alternativa del Gobierno socialista disuadir de ir a la huelga?
- Existe ese temor, porque lo que puede venir no augura cambios a mejor en estas cosas. Pero claro, si estuviéramos mirando continuamente el color del Gobierno a la hora de tomar decisiones sería una dinámica de resignación paralizante, que es lo que le gustaría a algunos sectores.
- ¿Con un Gobierno de derechas hubiera habido una huelga antes?
- Con los mismos comportamientos que ha tenido el Gobierno hasta el giro no. Le debíamos al país seriamente un intento de canalizar las respuesta a la crisis por la vía de la negociación.
- El presidente dijo que iba a pilotar el proceso. ¿Ha sido así?
- Él es el responsable último de las decisiones del Gobierno. Supongo que dentro del Gobierno habrá pilotado el proceso. Es notorio que en la mesa de negociación ha habido representación muy significada de Moncloa. Ha estado implicado y es el responsable del contenido del decreto.
- ¿La huelga es también contra los mercados?
- A esos entes de apariencia etérea que hay detrás de los mercados se tienen que enfrentar los Estados. Es su obligación.
- ¿Se merece España la especulación por no haber luchado contra ella?
- Hay que ser justos, España por sí sola no tenía capacidad para cambiar esa situación, tal vez le faltó capacidad de iniciativa o de propuesta en ese sentido.
- ¿Y la huelga es también contra la patronal?
- La patronal tiene una gran responsabilidad con lo que ha sucedido. La patronal no es la que escribe el BOE, pero sí hay un reproche a la actitud de la CEOE. Pero el que ha aprobado el decreto ha sido el Gobierno.
- ¿Un éxito como el de 2002 sería suficiente?
- Espero que sea mayor en término de participación y de resultados.
Belén Carreño - Público