Méndez (UGT) mantiene esperanzas de llegar a un acuerdo con el Gobierno.
El tiempo se acaba y ya casi nadie duda de que el Gobierno acabará aprobando por decreto una reforma laboral que no van a ser capaces de consensuar en plazo los sindicatos y los empresarios. Aunque todavía hay una última oportunidad para llegar a un pacto in extremis el próximo día 9, en CCOO no cuentan con ello y ayer ya reunieron a los responsables de todas sus federaciones y territorios para poner en marcha la maquinaria necesaria para poder convocar una huelga general "que parece inevitable", aseguró a Europa Press Fernando Lezcano, responsable de comunicación del sindicato. "Todo tiene que estar engrasado" por si se da la circunstancia, explicó Lezcano.
Comisiones lo tiene prácticamente decidido, al margen de lo que ocurra con la reforma laboral, puesto que su protesta no sólo lucha contra los cambios que se puedan imponer en el mercado trabajo, sino, sobre todo, contra el plan de ajuste aprobado para rebajar el déficit, aseguró el representante de CCOO, que lo calificó de "injusto, desequilibrado y antieconómico".
- "Vamos a seguir trabajando".
En UGT, como ha ocurrido en las últimas semanas, siguen mostrándose algo más moderados, aunque en absoluto complacientes con el Gobierno. El secretario general, Cándido Méndez, aseguró ayer que no ha perdido totalmente la esperanza de llegar a un acuerdo en la reforma laboral, aunque reconoce que las posibilidades de no alcanzarlo son altas. "Imposible no hay nada y nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último segundo", dijo Méndez, quien en todo caso dejó claro que, si no hay pacto y el decreto del Gobierno resulta lesivo para los derechos de los trabajadores, habrá huelga general en España, para la que los sindicatos ya han empezado a barajar fechas.
Lo que parece seguro en este momento es que el día 9 será la última reunión del Diálogo Social. A partir de ahí, el Gobierno intentará pactar con los grupos parlamentarios su decreto ley, con el objetivo de que sea aprobado directamente sin necesidad de tramitarlo como proyecto de ley, que permitiría incluir enmiendas.
Hasta ahora, ha trascendido que el Ejecutivo quiere reducir a 33 días la indemnización por despido en los nuevos contratos y clarificar las razones por las que una empresa puede acogerse al despido procedente, con 20 días de indemnización. Con las circunstancias más tasadas, es previsible que las empresas utilicen más esta modalidad de lo que lo están haciendo ahora.
El líder del PP, Mariano Rajoy, reclamó ayer que la reforma sirva para "crear empleo y liquidar las dramáticas cifras de desempleo", pero también para que se incluya la negociación colectiva y se aborden las diferencias entre las grandes empresas y las pymes. Además, pidió que se articulen medidas encaminadas a terminar con la temporalidad.
En una visita a un centro de mayores en Almería, Rajoy se mostró dispuesto a dialogar con el Gobierno, aunque, a continuación, mostró su escepticismo porque el Ejecutivo socialista nunca llamó a su puerta para abordar la congelación de las pensiones o el recorte del sueldo de los funcionarios, recordó. Para el jefe de la oposición, estos han sido dos años "perdidos".
Durante la conferencia impartida en el foro-almuerzo organizado por La Voz de Almería, Rajoy reconoció que alcanzar la flexibilidad de la que en la actualidad adolece el mercado laboral pasa por la creación de un "nuevo contrato, distinto" al que ahora funciona, que acabe con la actual situación de dualidad entre los indefinidos y los temporales.
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El tiempo se acaba y ya casi nadie duda de que el Gobierno acabará aprobando por decreto una reforma laboral que no van a ser capaces de consensuar en plazo los sindicatos y los empresarios. Aunque todavía hay una última oportunidad para llegar a un pacto in extremis el próximo día 9, en CCOO no cuentan con ello y ayer ya reunieron a los responsables de todas sus federaciones y territorios para poner en marcha la maquinaria necesaria para poder convocar una huelga general "que parece inevitable", aseguró a Europa Press Fernando Lezcano, responsable de comunicación del sindicato. "Todo tiene que estar engrasado" por si se da la circunstancia, explicó Lezcano.
Comisiones lo tiene prácticamente decidido, al margen de lo que ocurra con la reforma laboral, puesto que su protesta no sólo lucha contra los cambios que se puedan imponer en el mercado trabajo, sino, sobre todo, contra el plan de ajuste aprobado para rebajar el déficit, aseguró el representante de CCOO, que lo calificó de "injusto, desequilibrado y antieconómico".
- "Vamos a seguir trabajando".
En UGT, como ha ocurrido en las últimas semanas, siguen mostrándose algo más moderados, aunque en absoluto complacientes con el Gobierno. El secretario general, Cándido Méndez, aseguró ayer que no ha perdido totalmente la esperanza de llegar a un acuerdo en la reforma laboral, aunque reconoce que las posibilidades de no alcanzarlo son altas. "Imposible no hay nada y nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último segundo", dijo Méndez, quien en todo caso dejó claro que, si no hay pacto y el decreto del Gobierno resulta lesivo para los derechos de los trabajadores, habrá huelga general en España, para la que los sindicatos ya han empezado a barajar fechas.
Lo que parece seguro en este momento es que el día 9 será la última reunión del Diálogo Social. A partir de ahí, el Gobierno intentará pactar con los grupos parlamentarios su decreto ley, con el objetivo de que sea aprobado directamente sin necesidad de tramitarlo como proyecto de ley, que permitiría incluir enmiendas.
Hasta ahora, ha trascendido que el Ejecutivo quiere reducir a 33 días la indemnización por despido en los nuevos contratos y clarificar las razones por las que una empresa puede acogerse al despido procedente, con 20 días de indemnización. Con las circunstancias más tasadas, es previsible que las empresas utilicen más esta modalidad de lo que lo están haciendo ahora.
El líder del PP, Mariano Rajoy, reclamó ayer que la reforma sirva para "crear empleo y liquidar las dramáticas cifras de desempleo", pero también para que se incluya la negociación colectiva y se aborden las diferencias entre las grandes empresas y las pymes. Además, pidió que se articulen medidas encaminadas a terminar con la temporalidad.
En una visita a un centro de mayores en Almería, Rajoy se mostró dispuesto a dialogar con el Gobierno, aunque, a continuación, mostró su escepticismo porque el Ejecutivo socialista nunca llamó a su puerta para abordar la congelación de las pensiones o el recorte del sueldo de los funcionarios, recordó. Para el jefe de la oposición, estos han sido dos años "perdidos".
Durante la conferencia impartida en el foro-almuerzo organizado por La Voz de Almería, Rajoy reconoció que alcanzar la flexibilidad de la que en la actualidad adolece el mercado laboral pasa por la creación de un "nuevo contrato, distinto" al que ahora funciona, que acabe con la actual situación de dualidad entre los indefinidos y los temporales.
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